Uruguay refuerza frontera para atajar contrabando

Controles reforzados en la aduana de Salto evidencian la determinación de Uruguay por proteger su economía del contrabando y la competencia desleal.

La economía fronteriza de Uruguay enfrenta un momento crítico. En respuesta a un clamor generalizado de los comerciantes, el gobierno ha decidido implementar una estrategia de vigilancia reforzada en su frontera con Argentina, con el establecimiento de un doble control en la Aduana de Salto. Esta medida procura contener la creciente marea de contrabando que afecta severamente al sector comercial local, exacerbada por una disparidad cambiaria histórica que incentiva las compras en el vecino país.

La diferencia de precios entre ambos países se ha disparado, registrando un pico sin precedentes en las últimas dos décadas. La situación se ha agravado tras la reciente devaluación del peso argentino, que ha amplificado aún más esta brecha y ha provocado una merma significativa en las ventas en ciudades uruguayas clave como Paysandú y Salto, con un preocupante descenso del 22% en los primeros nueve meses del año.

Las nuevas directrices del Ejecutivo han llevado a la Aduana de Salto a intensificar las medidas de control, siguiendo una política clara de mano firme contra el contrabando. El desafío es considerable, dado el volumen diario de personas que atraviesan el puente de Salto Grande, punto neurálgico en la dinámica comercial transfronteriza.

El presidente Luis Lacalle Pou ha tomado nota de la situación y promete una ofensiva contundente. Reconoce que si bien el consumo personal transfronterizo no es el objetivo principal, es el contrabando a gran escala lo que está en el punto de mira. Lacalle Pou ha garantizado una colaboración estrecha entre la policía, las fuerzas armadas y la aduana para establecer controles más rigurosos.

Desde Paysandú, el llamado a la acción es claro. Los ediles han planteado ante el parlamento la necesidad de implementar beneficios fiscales que puedan estimular el consumo local y aliviar la presión sobre los comerciantes. La propuesta de utilizar la aplicación Tuapp para aplicar descuentos en la canasta básica es un reflejo de la búsqueda de soluciones innovadoras ante una problemática compleja.

La comunidad empresarial de Salto no se queda atrás en esta cruzada. Los comerciantes del departamento han levantado la voz, exigiendo no solo medidas inmediatas sino también cambios estructurales que aseguren la competitividad a largo plazo. La microimportación y la regulación de los precios de los combustibles se perfilan como demandas cruciales para restablecer el equilibrio comercial con Argentina.

Con la puesta en marcha del segundo control fronterizo en el cuartel de la Guardia Republicana, el gobierno busca enviar un mensaje claro: Uruguay está dispuesto a defender su economía y a sus comerciantes de las distorsiones provocadas por la situación económica de sus vecinos.

En este contexto, las promesas de Lacalle Pou se convierten en el barómetro de la determinación gubernamental. Las medidas emergentes, inspiradas en las propuestas de centros comerciales y autoridades departamentales, apuntan a una acción directa que espera transformarse en resultados tangibles para los afectados.

El desafío que enfrenta Uruguay no es solo económico sino también político, ya que cada decisión tomada en la frontera tiene el potencial de repercutir en la percepción pública del compromiso del gobierno con sus ciudadanos. La implementación efectiva de estas políticas de control será seguida de cerca, no solo por los comerciantes y consumidores uruguayos sino también por observadores internacionales interesados en las políticas de comercio regional y la estabilidad económica del Cono Sur.